Ante la complicada coyuntura económica que estamos atravesando y las dificultades presupuestarias que está sufriendo la Administración Pública, no es de extrañar que se supriman programas y recursos, incluso en un sector tan estratégico como el de la Educación. En este contexto, el pasado septiembre comenzaba con el anuncio de la Consejería de Educación de cancelar en este curso escolar la distribución gratuita de ordenadores portátiles para todo el alumnado andaluz de 5º de Primaria.
Es de lamentar el final del Programa Escuela TIC 2.0, que beneficiaba al conjunto de la comunidad educativa, por cuanto implica retroceso en la calidad de nuestra enseñanza, pero en el día de ayer la Junta de Andalucía hizo pública su intención de subvencionar los ordenadores portátiles, en calidad de préstamos de los centros educativos, al alumnado de 5º de Primaria de los colegios públicos andaluces.
La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social ACES, como entidad representativa de un amplio sector perteneciente al Sistema Educativo Público andaluz, no comparte la necesidad de hacer recortes en servicios sociales, pero menos aún entiende que éstos provoquen diferencias en la educación que recibe el alumnado.
Por otra parte ACES lamenta que las organizaciones representativas del sector hayan conocido esta situación a través de la prensa, y que no haya sido informada directamente por las autoridades competentes de que habrá ordenadores portátiles para unos centros sí y otros no.
Esta decisión viene a crear diferencias dentro del Sistema Educativo Público en Andalucía y entre el alumnado de centros de titularidad pública, que tendrá esos ordenadores, y los de titularidad concertada que no los tendrán. ¿Equidad?, ¿Igualdad de oportunidades? Éste no parece ser el camino que nos marca el artículo 3 de la LEA cuando define el “Sistema Educativo Público de Andalucía”, o el artículo 4 cuando menciona la equidad del sistema educativo como uno de sus principios, o el 5 cuando nombra, entre otros objetivos, “garantizar la igualdad efectiva de oportunidades”.
ACES denuncia este tipo de actuaciones que, lejos de alcanzar la equidad y la igualdad de oportunidades en educación, aleja, enfrenta y, lo que es más grave, educa y forma a ciudadanos de primera y de segunda división. ¿Cómo se puede discriminar a una parte del alumnado de educación básica?, ¿En base a qué? La respuesta de la administración a esta última pregunta está clara: sólo en base a que la titularidad del centro sea pública o privada concertada.
ACES, una vez más, insiste en que todo el alumnado andaluz debe tener el mismo tratamiento. ACES, como parte del Sistema Educativo Público andaluz, defiende que una escuela no es pública por la titularidad de la que depende, sino por su apuesta educativa al servicio de quien esté, de quién la gestione, de los valores por los que opte y, en definitiva, por ser fiel a la sociedad en la que vive y está enclavada. |
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