Fuente: ABC.ES
SUSANA ALCELAY / MADRID
Los agentes sociales deberán formar a más alumnos con el mismo presupuesto
El Gobierno ha vuelto a dar una vuelta de tuerca las ayudas que reciben sindicatos y empresarios para formar a trabajadores y parados. En este caso, los destinados a formación dual y a certificados de profesionalidad. Y lo ha hecho por la vía de los hechos consumados. La pasada semana presentaba a CEOE, UGT y CC.OO. una reforma de dos órdenes ministeriales por la que se reducían en un 30% los costes económicos autorizados para la formación bonificada de las empresas y para la formación subvencionada de agentes sociales y centros de formación. El coste de formación por alumno y hora pasaba de 7 euros a 5 y, además, en el texto legal se estipulaba que en ningún casoel coste del profesorado puede ser inferior al 40% del total recibido.
Esto supone que con el dinero para formación que los agentes sociales reciben del Presupuesto tendrán que impartir cursos a más alumnos. De otro modo recibirían menos dinero.
La noticia, según ha podido saber ABC, fue muy mal recibida por los agentes sociales que decidieron abandonar la mesa de negociación. «Desde CEOE y Cepyme consideramos inadecuado reducir aún más la cuantía de unos módulos que llevan años sin actualizarse, lo que está dejando fuera del sistema la impartición de acciones formativas de coste superior al admitido», dice en un documento interno la patronal que dirige Rosell.
Sentencia del Constitucional
«Pero lo que resulta inaceptable -dice la patronal- es que la Administración Pública pretenda establecer la estructura de costes de formación interna que realicen las empresas, cuestión que es aún más inaceptable después de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional». Este tribunal dictaminó el pasado 22 de enero que los fondos de la formación continua deben ser controlados por las empresas y trabajadores que los sufragan, es decir, patronal y los sindicatos.
La patronal critica en su carta que «mientras a las organizaciones y a las empresas se les pretende continuar rebajando los módulos económicos y regulando la estructura de costes de formación, la formación interna que hace la Administración no esta sujeta a reducciones».
La formación que gestionan empresarios y sindicatos sigue en el ojo del huracán. Los Presupuestos para 2012 acabaron con el monopolio del diseño y planificación de los cursos de formación para los trabajadores, que hasta ahora correspondía en exclusiva a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y, además, recortaron en 1.000 millones la financiación de patronal y sindicatos.
Un año antes esta Fundación tuvo un presupuesto de 3.013 millones, de los que 1.979,8 millones se obtuvieron de las cuotas que pagan empresarios y trabajadores. Las empresas y empleados abonan la formación de los trabajadores ocupados con 0,7 puntos de las cotizaciones, el equivalente a unos 2.000 millones. Éstos los gestiona el Tripartito, formado por los agentes sociales y el Gobierno. Pero el antiguo INEM y las comunidades han ido tomando poco a poco una parte de esos fondos hasta dedicar aproximadamente la mitad a la formación de parados.
Los sindicatos gestionan un 40% de este presupuesto (que reparten entre CC.OO. y UGT). En 2011 UGT y Comisiones Obreras recibieron 283 millones de euros para impartir estos cursos. En concreto, CC.OO. recibió 143 millones, tres millones más de lo que recibió el sindicato que dirige Cándido Méndez. La patronal CEOE recibió una aportación similar.
Además, reciben más recursos de autonomías y ayuntamientos para cursos que también realizan estas organizaciones. Pese a que la formación continua está supervisada por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas, desde todos los ámbitos se lleva años exigiendo una reforma. Solo se forma a un 32% de los ocupados y la mayoría de ellos nunca ha recibido un curso, según un informe elaborado por el CES
