La Junta congela decenas de planes educativos y sociales
Fuente: LAOPINIONDEMALAGA.ES |
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El equipo de Griñán revisará «el alcance» y «los objetivos» de cada una de las actuaciones, entre las que se incluye el plan de gratuidad de los libros.
LUCAS MARTÍN El plan financiero de la Junta de Andalucía, presentado el pasado martes con el objetivo de reducir el déficit público, no sólo compete a las retribuciones de los funcionarios. Un total de 86 proyectos, la mayoría relacionados con la sanidad y la educación, entre ellos el celebrado programa de gratuidad de los libros de texto, serán congelados en espera de una revisión por parte del Gobierno andaluz, que justifica su decisión en la falta de partidas del Estado, el otro gran financiador de todas estas iniciativas.
Según argumenta la Junta, los citados programas, cuyo presupuesto conjunto se eleva a 619 millones de euros, tendrán que ser reevaluados tanto «en sus objetivos» como «en su alcance». Los nuevos responsables autonómicos entienden que la ausencia de apoyo económico en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) obliga a reacomodar los planes, lo que, en la práctica, compromete su continuidad, al menos en la envergadura y ambición de los últimos años.
Estos reajustes, a los que los analistas ya señalan como «los recortes invisibles», se refieren a programas autonómicos puestos en marcha con ayuda económica del Gobierno. Entre ellos, se incluyen algunas de las iniciativas que han servido de estandarte a la política educativa y económica de la Junta; es el caso de la gratuidad de los libros de textos, pero también del plan de salud bucodental infantil o del proyecto Escuela 2.0, que propició el famoso reparto de ordenadores entre el alumnado.
La educación es, precisamente, una de las áreas más afectadas por el nuevo planteamiento. En la lista de programas que permanecen a la espera de asignación económica, además de los dos ya mencionados, que suman más de 35 millones de euros, se incluyen propuestas como el respaldo a las bibliotecas públicas y el Plan Educa 3. de Guarderías, que dejan en el aire una inversión de 2 y 20 millones, respectivamente.
La misma indeterminación gravita asimismo sobre otros apartados que funcionaron como divisa política en la última campaña del PSOE. El nuevo reordenamiento alude a programas de formación docente por valor de 2,14 millones de euros, al igual que a becas y ayudas al estudio (9,9) y a investigación (4,8).
En la futura revisión que haga la Junta, que queda aplazada hasta la ratificación de los Presupuestos Generales de Estado, se analizará del mismo modo un nutrido paquete de medidas relacionadas con el empleo. En este punto, el Gobierno andaluz señala al Plan Nacional de Formación e inserción profesional y a los programas de fomento e intermediación, con una valoración conjunta de más de 300 millones de euros. Entre los propósitos de la Junta también está examinar la fortaleza y capacidad de beneficio de los planes de formación continua (35,9 millones) de modernización del empleo (19,2) y de promoción de la llamada economía social (3,2).
El replanteamiento incide en políticas sociales como los programas de mantenimiento de los servicios comunitarios, que se tasan en 7,1 millones. La situación, todavía ambigua, se extiende al dinero previsto para prevenir el maltrato (100.852) y reeducar a los agresores, así como a otros asuntos de especial sensibilidad como la marginación de la comunidad gitana (272.372) o el tratamiento de los menores que infringen la ley (430.000).
Con los nuevos presupuestos de la Junta, quedan en entredicho una serie de acciones dirigidas a la población con discapacidad y cuantificadas en 260.000 euros; el pasado marzo, a finales de la legislatura, la administración ya chocó con las protestas del colectivo, que no cejaron hasta conseguir el abono de parte de la deuda contraída en los últimos años.
La lista de los recortes invisibles mira también a la sanidad, en la que se subordina a los PGE la prolongación de un inventario de programas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) referenciado con 8,5 millones de euros. Las dudas abarcan, por otro lado, el plan de salud bucodental infantil (984.721) y una pléyade de programas vinculados a líneas como las terapias avanzadas (1,6 millones), la inspección sanitaria y los planes, respectivos, contra las drogas y el sida, cuya reducción ya suscitó movilizaciones en comunidades como Madrid.
Apenas dos días después de la presentación del plan financiero, la incertidumbre se traslada también al campo, que mantiene muchos de sus proyectos en el inventario sujeto a revisión. En éste se agrupan las ayudas a la producción vegetal y animal, pero, además, cuantiosas partidas utilizadas en los últimos ejercicios para animar las explotaciones ganaderas y aproximar el llamado desarrollo rural sostenible.
Otra de las áreas afectadas es la de vivienda, que aparece en el listado con un programa de más de veinte millones de euros. El documento, que dispara las dudas sobre la evolución de algunas de las políticas cardinales de la Junta, recoge asimismo partidas para los parques nacionales (1,05), las cooperativas y diversas obras hidráulicas presupuestadas en 3 millones de euros.
La reevaluación de todas estas iniciativas, motivada, de acuerdo con el Gobierno andaluz, por la racanería de los PGE, dejan a la administración autonómica con la difícil papeleta de perseverar en unas líneas que se han convertido en el auténtico emblema del propio documento de control financiero; si no se corrigen al alza, lo que parece poco probable, dada la situación económica, habrá recortes en muchos de los programas anteriormente señalados.
La Junta, que asume el reajuste como la necesidad de respuesta a las exigencias de Madrid, asegura que con este nuevo plan las políticas sociales pasan a acaparar el 83 por ciento del gasto, mientras que el resto de sectores pierden, de media, un 8,3 por ciento de subvención.
Además del estudio de los programas cofinanciados con el Gobierno y de la reducción salarial de los funcionarios, el equipo de Griñán pretende equilibrar las cuentas con medidas como el incremento de los impuestos. También defiende un gravamen para la riqueza y un mayor control sobre las subvenciones. La Junta, en este plan de financiación, apunta asimismo a la eliminación de entidades públicas–ya han sido destruidas más de un centenar–y a la venta de inmuebles, que está subordinada a la recuperación del mercado inmobiliario. Con este último apartado pretende recuperar más de 300 millones. |
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