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Un padre contra "el impuesto revolucionario" de un colegio en el 'top ten' de Sevilla
La Consejería de Educación investiga al Colegio Buen Pastor después de una denuncia que señala cuotas ilegales en un centro concertado y un supuesto acoso al alumno por impagos.
Fran Campos no quiere esconderse sino dar la cara. Asegura que lo único que persigue es que su caso no se repita. Libra una cruzada contra uno de los colegios concertados con más demanda de Sevilla, el Buen Pastor, ubicado en el barrio de Nervión y que año tras año repite entre los centros con mejores resultados en Selectividad y alumnos de expedientes académicos más brillantes.
El suyo es un caso raro, lo admitieron en la Delegación de Educación de Sevilla, porque hay muchos padres que acuden a hacer denuncias de cobros ilegales de colegios concertados pero o piden permanecer en el anonimato o no aportan pruebas válidas. Él se dirigió a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en octubre de 2017, días después de que lo citara, junto a su mujer, el jefe de estudios y le hiciera saber que el pago de las cuotas de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y los giros mensuales que recibía en su cuenta bancaria eran de pago obligatorio. Ahora mismo hay una inspección abierta a raíz de dos denuncias suyas.
No dice eso la ley sobre el pago de cuotas en los concertados, según el marco legal aportado por la Consejería de Educación. Las percepciones económicas para la realización de actividades escolares complementarias y extraescolares están muy regulados en el Real Decreto 1964/1995, que desarrolla la LODE (Ley reguladora del Derecho a la Educación) de 1985. En Andalucía hasta tres órdenes, de 1995, 1996 y 1997, regulan diversos aspectos de la educación concertada y dejan claro el tipo de actividades extraescolares que se pueden cobrar en estos centros previa autorización de Educación. No pueden tener carácter lucrativo, no pueden formar parte de la programación general del centro, deben haber sido fijados por el Consejo Escolar y tienen que contar con autorización de la Delegación de Educación tras una solicitud previa. Todo lo que incumpla estos requisitos puede conllevar una sanción.