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Andalucía es una comunidad con una tasa de paro crónica, con un diferencial de diez puntos por encima de la media nacional, 886.166 personas desempleadas registradas en marzo. Andalucía también es una región con ocho provincias y diez universidades públicas (más una privada) de las que cada año salen 37.400 egresados (datos 2014/2015, último publicado) que, sin embargo, no encuentra la puerta al mercado laboral (un tercio termina aceptando empleos infracualificados). Estas dos circunstancias, unidas a la escasa industrialización andaluza y a una menguada oferta de empleo en el sector público, explican que durante la crisis se generase una repentina sobredemanda en ciclos de Formación Profesional que desbordó la oferta de plazas.

 

Durante los años más duros, y con la tasa de paro disparada por encima del 36%, el Gobierno andaluz empezó a promocionar la FP como alternativa a la Universidad, y como vía de reciclaje a profesionales que se habían quedado sin empleo, y que podían volver a la escuela a seguir formándose. La Junta depositó en la FP la pesada responsabilidad de cambiar el modelo productivo andaluz, enquistado desde hace décadas en el sector turístico y la agricultura, para potenciar mercados emergentes, como la aeronáutica, el sector naval o la ingeniería.