La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), de la que COCETA forma parte, solicita a los grupos políticos que el Proyecto de Ley de Contratación Pública que se debate en el Congreso atienda –como reclama Europa– a criterios sociales y medioambientales, y no solamente a la oferta más ventajosa.
Así lo ha dado a entender en un comunicado. Según han explicado, CEPES ha “mantenido contactos con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para trasladar e incluir en el futuro texto legislativo todas sus propuestas, en especial la transposición del artículo 77 de la Directiva Europea, que no ha sido incluido en el proyecto de ley”.
“Es importante destacar que todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo y reconocimiento a las propuestas de CEPES, por lo que confiamos que las diferentes fases de la tramitación parlamentaria recojan los contenidos propuestos desde la Economía Social, y supongan un cambio en la concepción de la contratación como una herramienta de política pública que contribuye a la generación de riqueza, empleo estable, cohesión social y territorial”, ha señalado el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, quien también preside COCETA.
La patronal de la economía social considera que este proyecto de ley, que supone el 20% del PIB, no aprovecha todo el potencial que la Directiva Europea ofrece para que las empresas y entidades de la Economía Social participen en los procesos de contratación pública. “Actualmente”, ha añadido Pedreño, “el porcentaje de contratos públicos adjudicados a empresas y entidades de la Economía Social resulta muy escaso en relación con su peso real en el PIB y en el empleo”.
Para cambiar esta situación, CEPES apuesta porque la transposición al ordenamiento jurídico español incluya las propuestas referidas a múltiples aspectos que no han quedado contemplados en los Proyectos de Ley, a pesar de que muchos de ellos fueron defendidos por el Consejo Económico y Social.
Las propuestas de CEPES se centran en superar el “desfasado concepto de la oferta económica más ventajosa” a la hora de adjudicar contratos públicos, y sustituirlo por el de “mejor relación calidad-precio”, como establece la Directiva; en la inclusión obligatoria de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación y en las condiciones de ejecución de los contratos; en la aplicación efectiva y con garantías de la reserva obligatoria de contratos para las empresas cuyo objeto social sea la creación de empleo para personas con especiales dificultades de empleabilidad (Centros Especiales de Empleo, Empresas de Inserción y Cooperativas de Iniciativa Social); y en dotar a las Administraciones Públicas de las herramientas establecidas en la Directiva para realizar reservas potestativas de contratos a favor de empresas propiedad de los trabajadores, o en las que los trabajadores participan en su gestión, siempre en las categorías de contratos de servicios sanitarios, educativos, culturales, sociales… tal y como establece el Artículo 77 de la directiva.
