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El 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía, una fecha en la que conmemoramos la consulta que propició la formación de nuestra comunidad autónoma con plenas competencias y con la capacidad de tener un gobierno propio. La aprobación de este referéndum dio paso a la redacción del primer Estatuto de Antonomía Andaluz, que se publicó en 1981. Desde entonces han pasado 36 años en los que Andalucía ha ido asumiendo nuevas responsabilidades de la mano de un gobierno progresista y comprometido con el desarrollo social y económico de esta tierra.

 

Han sido muchos los avances en esta materia, pero también queda camino por recorrer, especialmente si ponemos el foco en el diseño de políticas públicas eficaces que impulsen la creación de empleo y fortalezcan el tejido empresarial de Andalucía, formando en su mayoría por pymes que como las cooperativas, actúan como motor económico de nuestros pueblos y ciudades.

 

Es cierto, y no es casual, que nuestra comunidad lidera el ranking nacional en cuanto a número de cooperativas y creación de empleo en este sector. Es cierto que esto viene provocado por un gobierno autonómico que cree en el cooperativismo, que respeta el mandato estatutario de fomentar a estas empresas en territorio andaluz y que conoce de primera mano todas las ventajas de apoyar a las cooperativas. Es cierto que hablamos de empresas participadas por los trabajadores y trabajadoras cuyo potencial para crear empleo cuenta con el reconocimiento del Parlamento Europeo y que tienen unos preceptos y valores que apuestan por lo colectivo, por la solidaridad, por la democracia, por la participación y por la igualdad entre hombres y mujeres, aspectos fundamentales para que el desarrollo económico vaya de la mano de la justicia social.