-Centros de titularidad pública y privada tienen los mismos derechos y deberes-, puntualiza.
La incertidumbre generada por la Junta en cuanto a la enseñanza concertada y el temor ante el cierre de unidades por parte de la Consejería de Educación ha generado, como es lógico, la reacción de los principales interesados en materia educativa.
Así, el coordinador en Córdoba de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES-A), Vicente Serrano, es tajante al expresar el rechazo de su organización a la disyuntiva entre enseñanza pública y privada. «Las leyes dejan claro que el sistema de educación pública en nuestra comunidad está formado por centros de titularidad pública y de titularidad privada, todos dentro de la misma normativa y con los mismos derechos y deberes», subrayó. En este sentido, aseveró que, desde este prisma, «los cooperativistas de enseñanza somos educación pública, por lo que pedimos a determinadas organizaciones que no tergiversen esta realidad con informaciones en ocasiones equivocadas y que nos traten a todos por igual».
Este colectivo representa en la provincia a 11 centros de enseñanza, la mayoría de ellos en la capital, como es el caso de los colegios Almanzor, Ferroviarios, Séneca o Ramón y Cajal, entre otros. La Junta tiene concertadas 115 unidades en estas instalaciones formativas. Serrano explicó que, ante la convocatoria de la Comisión Provincial de Conciertos Educativos, su intención es que se renueven todas las unidades financiadas por la Administración hasta ahora, «puesto que tenemos suficiente demanda». No obstante, algunos de sus centros van a solicitar una segunda unidad de Apoyo a la Integración, «ya que tenemos un censo de alumnos muy por encima de lo legalmente establecido».
Este representante de la economía social en el ámbito educativo expresó cierta inquietud con el proceso de renovación abierto al señalar que «estamos un poco desorientados porque nos llegan informaciones contradictorias». Según declaró, «esperamos que la Consejería respete la Ley y no recorte unidades en centros que tienen demanda social» y cree que es el momento de revisar los ratios para mejorar la calidad de la enseñanza.
