ABC.SEVILLA.ES - 27/0716.
JOSÉ CEJUDO.
La última Encuesta de Condiciones de Vida, del Instituto Nacional de Estadística, con datos correspondientes a 2015, desvela que el 35 por ciento de los andaluces se encuentra en riesgo de pobreza, más de dos puntos porcentuales que en 2014. Sin embargo, si la referencia es el indicador Arope de la Unión Europea, las personas inmersas en esa casuística se aproximan al 43 por ciento. Y en la población infantil, ya supera en una décima el 50 por ciento. La crisis que estalló en 2008, y su principal efecto, el aumento del desempleo, aún se deja sentir. Aunque mínimamente, se ha detectado una mejoría en la economía de las familias en los últimos meses, según coinciden diferentes ONG. Pese a ello, Cáritas, el Banco de Alimentos y Cruz Roja no tienen intención de bajar la guardia ante una problemática que busca su origen en razones más profundas que una mera situación coyuntural.
Plan de choque financiado con el 5 por ciento del presupuesto de todas las administraciones y una renta mínima condicionada a una contraprestación
En 2015 Cáritas atendió a 6.183 personas en Andalucía y consiguió que 1.254 encontraran un empleo
A saber: Una política económica desfasada que se basa en gran parte en el turismo, con «picos» de gran actividad pero también con periodos en los que escasea el trabajo; un sector agrario que necesita una urgente reindustrialización para poner en valor su gran potencial; las escasas inversiones en materia de políticas sociales; un modelo educativo que tiene como resultado uno de los mayores índices de fracaso escolar, y que el 60 por ciento de los jóvenes carezcan de un empleo. Son algunas de las principales causas que inciden en que Andalucía lidere en España el ránking de las personas inmersas en la penuria económica, según el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Manuel Sánchez Montero.
Esta entidad, que agrupa a unas 50 ONG dedicadas a trabajar con personas con escasez de recursos, abogó en la anterior legislatura a través de una iniciativa popular por la aprobación de una renta básica o similar, condicionada a que las personas que la reciban realicen una prestación, que sin embargo no prosperó. También es partidaria de un plan de choque financiado con el cinco por ciento del presupuesto de todas las administraciones. Mientras se hacen realidad estas medidas, la labor de las ONG no cesa. Sólo en 2015 Cáritas Diocesana de Andalucía atendió a 6.183 personas en su programa destinado a la búsqueda de empleo, consiguiendo la inserción laboral de 1.254 participantes. A esta actividad se destinaron 4,4 millones de euros, según los datos facilitados a ABC por su presidente regional, Anselmo Ruiz.
Pero es sin duda el trabajo que desarrolla en las zonas más desfavorecidas lo que especialmente identifica a esta ONG de la Iglesia Católica. Son casi 1.350 las cáritas parroquiales diseminadas por toda Andalucía, que acaparan la mayor parte de un presupuesto de 36 millones de euros anuales, con la participación de unos 12.000 voluntarios. La atención «a pie de calle» en los barrios y en los pueblos donde la pobreza es más visible, «es nuestra labor más significativas», destaca Anselmo Ruiz. En el pago de los recibos de la luz, del agua y de la comunidad, y en reparto de comida y de ropa «se va la mayor parte del dinero»,
En paralelo se encuentran otras acciones dirigidas a colectivos concretos: sin hogar, enfermos de sida, emigrantes, mayores, reclusos, mujeres..., dependiendo de cada una de las cáritas diocesana.
«La mayoría de las personas que atendemos no son producto de la crisis, sino de una pobreza estructural, aunque la crisis ha agravado la situación», explica. No obstante, Anselmo Ruiz admite que el número de necesitados se ha reducido ligeramente, al mismo ritmo que ha descendido el desempleo. Como medida paliativa apuesta por aprobar una renta básica en la línea de la planteada por la Red de Lucha contra la Pobreza, con obligaciones para las familias perceptoras, «entre ellas que los hijos vayan al colegio».
La idea de la renta básica y la percepción de la ligera mejoría también son compartidas por Juan Pedro Álvarez, presidente en Andalucía del Banco de Alimentos, organización que es capaz de movilizar a 30.000 voluntarios durante la campaña de recogida de comida. Dada la situación de necesidad de tantas familias, asegura que cada vez más la mayoría de las cadenas de alimentación son proclives a entregar los productos a punto de caducar. También se está llegando a acuerdos para que determinadas asociaciones benéficas sean las que se personen en los establecimientos y recojan ese tipo de mercancía. Con el tiempo confía en que en España se apruebe una orden similar a la francesa en la que se castiga con una fuerte sanción destruir alimentos.
