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El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la mayor parte del Real Decreto ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, una norma vilipendiada y recurrida por el Gobierno andaluz, denostada por la comunidad educativa al completo, y cuyo objetivo era ejecutar una serie de recortes que extrajeran un ahorro de 3.000 millones de euros del presupuesto educativo de las comunidades autónomas. La Junta de Andalucía lo recurrió por invasión de competencias y porque rechazaba el argumento principal del Gobierno según el cual era necesario aplicar estos recortes por la vía de urgencia para reducir el déficit público lo antes posible. Pero los jueces han rechazado sus argumentos, de modo que todos los ajustes que han asfixiado a la escuela desde el año 2012 –algunos en ejecución y otros no ejecutados por la Junta- tienen cobertura legal.