La asociación ACES, se muestra «indignada» ante el doble rasero que la administración de Susana Díaz aplica
La Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), organización integrada en Cepes-A, hace público su «malestar e indignación» por la decisión de la Junta de Andalucía de restituir parte de los salarios recortados y contemplados en la Ley 2/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta solo a una parte del profesorado del sistema educativo andaluz.
En este caso solo se restituye a los empleados públicos, y no al profesorado de los centros concertados bajo fórmulas de economía social, «habiendo sido todos los que desde 2012 vienen realizando este esfuerzo para contribuir decisivamente al cumplimiento de Andalucía de las obligaciones derivadas del proceso de consolidación fiscal», señala ACES en una nota.
«Está clara la contribución de todo el profesorado andaluz de centros sostenidos con fondos públicos; sin embargo, en la exposición de motivos del proyecto de ley de nuestra comunidad, que está ahora en su trámite parlamentario, sólo se reconoce el esfuerzo a los empleados públicos, obviando que, en igual cuantía, el profesorado de la concertada bajo fórmulas de economía social ha hecho el mismo esfuerzo», ha indicado el colectivo.
Ha manifestado que mientras el proyecto de ley mencionado contempla la restitución de las pagas adicionales o reducciones retributivas equivalentes a los empleados públicos, la adicional sexta de dicho proyecto de ley deja sin efecto el acuerdo de equiparación de 2 de julio de 2008 sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada, formalizado por la Consejería de Educación, los sindicatos y las organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada, «lo cual implica que la restitución de lo recortado a todo el profesorado andaluz sostenido con fondos públicos desde el año 2012 solo será efectiva para los empleados públicos».
Es por todo ello que, ante la sociedad andaluza en general y en representación del colectivo de docentes afectados de los centros de enseñanza de economía social, ACES solicita a los representantes en el Parlamento y a la Junta de Andalucía que «se reconozca, en lo que será la Ley de Presupuestos de Andalucía, el esfuerzo del profesorado de centros concertados de economía social al igual que se ha hecho con los empleados públicos y se retire la adicional sexta posibilitando que se restituya, por igual, a todo el profesorado del sistema educativo andaluz».
El colectivo, asimismo, desarrollará «todo tipo de acciones necesarias para evitar esta injusta discriminación que profundiza en el enfrentamiento del profesorado público y concertado de economía social andaluz, cuando los responsables políticos deberían actuar para todo lo contrario».
