Fuente: www.diariosur.es
Se han quedado vacantes casi 3.000 plazas de primero, cuando eran unas enseñanzas muy demandadas e incluso tenían lista de espera.
LALIA GONZÁLEZ | SEVILLA.
Los primeros datos de la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la enseñanza (Lomce) dan alas a la disidencia manifestada por la Junta de Andalucía contra la polémica reforma impulsada por el ministo José Ignacio Wert. Así lo planteó ayer el consejero de Educación, Luciano Alonso, que desveló que se ha producido una importante caída de la demanda de una de las enseñanzas «estrella» de la ley, la Formación Profesional Básica, que sustituye a los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Según los datos de matriculación de este curso, dijo Alonso, un 41% menos de alumnos han pedido cursar estos estudios.
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Los datos facilitados por el consejero ayer, en una comparecencia parlamentaria, indican que se han quedado vacantes casi 3.000 plazas de primero de FP Básica, cuando eran unas enseñanzas muy demandadas e incluso tenían lista de espera. El año pasado 14.188 personas demandaron PCPI y se cubrieron 10.522, mientras que con la FP Básica se han cubierto 8.421 y han sobrado casi 3.000, dijo. La mayor caída ha sido en las grandes ciudades, y así en Sevilla se han quedado el 39% de las plazas libres, en Granada el 54,2% y en Cádiz el 41%. Ha bajado en cuatro puntos la matriculación de menores de 17 años. Por ello, Alonso concluye que «los estudiantes que seguían PCPI como última posibilidad de obtener la titulación en ESO y mantenerse en el sistema educativo, ahora opta por otras vías como las pruebas de acceso a ciclos de grado medio».
Aunque la Junta ha ofertado el mismo número de plazas, ha reforzado en cien horas y bajado la ratio, el consejero opinó «las familias no han confiado en las palabras vacías del ministro Wert ni en el milagro de la FP Básica», que según Alonso ha sido concebida como «una vía de expulsión del alumnado con más dificultades, una forma de mejorar sus estadísticas y un método para obtener mano de obra barata».
Sin embargo, el diputado del PP-A Rafael Salas dijo que esto se debe a que la Junta «ha trampeado con la ofertay la demanda» y está «volviendo locos a los centros» con la matriculación en septiembre, dejando fuera a quienes más lo necesitan. Para Salas la «insumisión» andaluza a la Lomce es una «deslealtad institucional propia de república bananera» y calificó a su vez a la presidenta Susana Díaz de «máquina de crear mano de obra barata».