Fuente: www.diariosur.es
Además de incorporar los cursos para parados, intensificará los controles para impedir nuevos fraudes.
El Consejo de Gobierno andaluz aprobará este martes la Ley de Formación Profesional, un ambicioso proyecto educativo que debe poner orden en estas enseñanzas, cada vez más demandadas y siempre en permanente, y nunca conseguida, mejora. Pero además la ley deberá reordenar la formación de parados en medio del escándalo de los cursos, que amenaza con convertirse en un ‘caso ERE-2’. En este sentido, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya ha anticipado que la formación de los parados va a ser derivada en buena parte hacia el sector público, es decir hacia los institutos. Queda por saber cómo se adaptarán éstos para acoplar la nueva demanda y qué quedará para las academias privadas.
Las cifras de la Formación Profesional
En la actualidad, según los últimos datos, hay en toda la oferta de Formación Profesional un total de 514.648 estudiantes, de los que 131.907 son alumnos de la FP reglada (Grado Medio y Superior) y 173.899 de educación permanente. Además, 65.019 están en cursos para parados y 76.084 en cursos para ocupados. Son cifras en alza, ya que la FP ha sido la gran receptora de los jóvenes que dejaron los estudios por el ‘boom’ del ladrillo y que han vuelto a las aulas al quedarse en paro. Tanto que el año pasado casi 42.000 jóvenes (43,3%) se vieron sin plaza en el ciclo que habían elegido.
La nueva norma afectará además a los 572 institutos andaluces que ahora mismo imparten alguna modalidad de FP inicial (2.094 ciclos formativos y 617 programas de cualificación profesional). También hay 170 institutos de Secundaria para adultos, 143 centros de educación permanente, 51 escuelas de idiomas, 8 institutos provinciales de educación permanente, 11 consorcios escuela, 10 centros de FP para el empleo, seis centros integrados y un instituto de enseñanzas a distancia.
En este capítulo, la nueva Ley va a ser la encargada de imponer los férreos controles que Díaz ha anunciado para que no se produzcan nuevos fraudes y se recogerá el principio de no exoneración. La presidenta ha proclamado que Andalucía es la única administración que aplica este principio, «una prerrogativa legal que sí utilizan el Gobierno de la nación y otras comunidades autónomas». No obstante, la Junta sí permitió la exoneración, que no implica no justificación, sino que permite recibir la subvención y justificarla a posteriori, cuando el equipo de José Antonio Griñán llegó al Gobierno andaluz, para, basándose en la Ley de Hacienda Pública, desbloquear el gran atasco que existía en el departamento, según fuentes consultadas. Asimismo, la Ley de formación va a establecer la concurrencia competitiva para la convocatoria de los cursos.
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Pero, sobre todo la Ley quiere estimular la creación de empleo. La presidenta de la Junta ha marcado como directriz al equipo de Educación, que dirige Luciano Alonso, que «dé respuestas a las demandas del mercado laboral de cara al futuro y estimular la creación de empleo».
De este modo, la ley quiere contribuir al cambio del modelo en Andalucía que enuncia la presidenta de la Junta, con un nuevo concepto de demandante y de ofertante, además de unir la universidad y los estudios medios con la empresa, de forma que se logre que se imparta una formación cualificada que responda a la demanda del mercado laboral.
Adaptar la Lomce
Por otro lado, la ley deberá adaptarse a la Lomce, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad de la Educación o Ley Wert. El consejero ha anunciado que, pese a los problemas de falta de financiación, la FP Básica andaluza va a establecer una ratio máxima de alumnos por aula de 20, y no de 30 como establece la norma, y que se complementará con 100 horas más de formación troncal, de cara a que los alumnos procedentes de esta enseñanza no estén en desventaja respecto a los de la ESO en las pruebas de reválida.
Además, se mantendrá la oferta de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y se ofertará 505 unidades y plazas para 9.860 alumnos. Aunque Andalucía ha intentado retrasar la entrada en vigor de la Lomce, el Tribunal Supremo ha rechazado su recurso y le obliga a no dilatar la puesta en marcha. En materia de FP, Alonso ha calculado que el Gobierno no garantiza la financiación de estas enseñanzas ya que estima su implantación en 241 millones de euros, teniendo en cuenta las instalaciones, equipamientos y equipos directivos que la ley no contempla ni permite financiar con la fórmula de convenio impuesta. Frente a esta cifra, el consejero afirma que el Ministerio sólo ofrece 117 millones. Pese a ello, la Junta ha afirmado que mantendrá la oferta, incluso con mejoras.
La Ley de Formación Profesional ha sido elaborada en base a un anteproyecto realizado por personal técnico de la consejería y expertos, pero no ha sido consultado el Consejo de Formación Profesional, según ha denunciado CCOO., como se preceptivo, lo que ha considerado «de una gravedad extrema».
