Fuente: www.diariodesevilla.es
El plazo para solicitar un puesto en un centro sostenido con fondos públicos está marcado por la confrontación política por la Lomce. La enseñanza diferenciada sigue sin concertarse.
DIEGO J. GENIZ
La crisis afecta a la escolarización. La debacle económica también deja huella en este proceso -uno de los más complejos a los que se enfrenta la Administración autonómica cada año- a la hora de ofertar plazas en centros sostenidos con fondos públicos. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ya adelantó la semana pasada, a nivel regional, que se ha producido dicha bajada, una disminución a la que la provincia sevillana no es indiferente y que será constatada hoy durante la rueda de prensa del delegado provincial, Francisco Díaz, en la que dará a conocer los datos más novedosos de dicho trámite que comienza hoy y concluirá el próximo día 31.
Desde este lunes y hasta la última jornada de marzo las familias sevillanas pueden solicitar una plaza de ingreso en un centro educativo público o concertado o para entrar en otro. A la espera de los datos oficiales que serán presentados esta mañana, la principal novedad la constituye la merma en el número de plazas de primero de Infantil de tres años, edad con la que se garantiza el acceso y la permanencia en un colegio. La crisis está detrás de esta bajada en la oferta con la que, no obstante, se garantiza puestos para todos los solicitantes. El mal momento económico que atraviesa el país desde finales de 2007 ha provocado un descenso considerable en la natalidad, por lo que ahora son menos familias las que buscan una vacante para sus hijos. Además, ha influido considerablemente -consecuencia también de la crisis- la menor presencia de inmigrantes en los municipios sevillanos, especialmente en la capital, donde los núcleos tradicionales de población extranjera sufren una huida de estos vecinos ante la imposibilidad de prosperar económicamente, objetivo que les llevó a salir de sus países.
La escolarización viene, además, marcada por la confrontación política entre el Gobierno y la Junta tras la aprobación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Aunque su aplicación no afectará plenamente hasta el curso 2016-17, lo cierto es que dicha polémica abre bastantes incógnitas en algunas aspectos. Una de ellas concierne a los centros de educación diferenciada (Molino Azul, El Cható, Altair, Albaydar, Ribamar, Nuestra Señora de Lourdes y Ángela Guerrero) a los que el Ejecutivo andaluz ha retirado en el presente curso las subvenciones públicas tras las sentencias que dictó en 2012 el Tribunal Supremo. La Lomce respalda que este tipo de enseñanza sea concertada, para lo que se acoge a la libertad de elección de los padres. Dicha premisa ha servido a las familias afectadas para acudir nuevamente a los tribunales. La Consejería de Educación no está dispuesta a dar su brazo a torcer e insiste en que cumple con lo que dictó el Supremo. Por tanto, todo lo resolverá la Justicia. Lo que está claro es que hasta que los tribunales resuelvan, la enseñanza diferenciada sigue sin concierto para esta escolarización.
