LA RECURRIRÁ AL TC.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha augurado este jueves ante el Pleno del Parlamento una "vida muy corta" para la Ley Orgánica de Mejora Educativa (LOMCE), que su Gobierno recurrirá en el Tribunal Constitucional.
Además, ha anunciado que se tomarán medidas en Andalucía, como la intervención de los centros en el diseño de pruebas de evaluación y que sea el profesorado de la función pública quien aplique y califique las pruebas de evaluación final en centros públicos, que no se harán públicas para evitar ranking de colegios.
Díaz, que ha iniciado su intervención expresando su solidaridad con los alcaldes que vienen reivindicando la autonomía local frente a la reforma de la administración local aprobada por el Gobierno central, ha indicado que la Lomce es la ley más "ideológica" que podía haber aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha supuesto quebrar el "pacto constitucional".
Tras indicar que se trata de la primera ley de reforma educativa que sale adelante con el apoyo de un solo partido, lo que supone bastante "inestabilidad" en el sistema educativo, ha señalado que es fundamental mejorar la calidad de la educación y promover la igualdad y la equidad, pero que no entiende que para ello, haya que tomar medidas como suprimir la asignatura Educación para Ciudadanía o que se opte por la "segregación", que es una opción ideológica "muy retrograda".
Se ha mostrado convencida de que lo que pretende la Lomce es dejar en el camino a todo chico o chica que signifique un "problema desde edades muy tempranas", apuntando que mientras la reválida a los once años es tema "muy superado" en el resto de Europa, aquí, en cambio, se "meten tres reválidas".
Para Díaz, si realmente la preocupación del Gobierno central fuera la calidad de enseñanza, se atendería esa desigualdad de origen entre padres e hijos, que en Andalucía ha supuesto retraso de unas generaciones a otras, al tiempo que se habría atendido al profesorado.
Ha querido dejar claro que Andalucía se va a defender de la Lomce, en marco ley y de la responsabilidad, defendiendo ante todo el Estatuto de Autonomía. Así ha indicado que como medida de carácter jurídico, se presentará un recurso en el Tribunal Constitucional porque la ley invade el artículo 21 de Estatuto y ese derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
En cuanto a las medidas de carácter educativo y curricular que se adoptarán, ha señalado que en Andalucía se va a compensar el currículo básico favoreciendo una formación más humanista e integral, incluyendo la asignatura Educación para la Ciudadanía.
"Nos resistimos a segregar en edades tempranas", ha sentenciado la presidenta, quien ha querido dejar claro que Andalucía no va a sostener con fondos públicos centros que opten por la educación diferenciada y segregue por un lado a niños y, por otro, a niñas.
"Sabemos que todavía hoy hay problema, pero la educación en Andalucía avanza y no deja nadie atrás", según Díaz, para quien el
último informe Pisa permite mirar el fututo "con esperanza". Asimismo, ha indicado que si a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, le molesta la transferencia de las competencias de educación a las comunidades, en Andalucía se ha demostrado que dos euros al día por andaluz para educación suponen "un avance", frente a los dos millones de euros diarios en burocracia educativa del Estado.
"INSUMISIÓN" ANTE LA LOMCE
Por su parte, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, ha señalado que todos los colectivos sociales coinciden en que la Lomce supone un "desmantelamiento de lo público", a través de lo privado, concediendo a la educación pública un carácter subsidiado al fomentarse la creación de centros privados. Ha mostrado su preocupación por que se imponga una concepción de la educación "como servicio y no como derecho".
Además, se ha mostrado convencido de que la motivación real de la norma es consolidar y profundizar en la segregación ya existente, mediante el establecimiento de diversas pruebas a la lo largo de la trayectoria educativa de los estudiantes.
Ha señalado que IULV-CA ha planteado la "desobediencia" en todos los centros educativos de Andalucía ante esa norma, para construir una reforma de consenso en la comunidad y ha expresado que a su formación le "trae al pairo" que desde el PP se les llame radicales. Para Castro, radicales, de "derechas", son los que han sacado una ley sin consenso; el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y querer acallar protestas a la política del Gobierno a base de multas y represión.
Castro ha señalado que Izquierda Unida va a seguir con su campaña para pedir a los centros educativos que sean "insumisos" ante la Lomce y ha pedido que el Gobierno andaluz que también haga lo mismo.
