Fuente: DIARIODESEVILLA.ES
R. A. • EP SEVILLA • MADRID
Frente común de las comunidades más beligerantes contra la reforma del sistema educativo que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy. El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, junto a sus homólogos de Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias expresaron ayer su rechazo a la Lomce, tanto por el contenido educativo como por su incidencia en las competencias de las comunidades, que en algunos casos les ha llevado a declararse insumisos a la ley y a anunciar recursos ante el Tribunal Constitucional en cuanto la norma se apruebe.
Los cinco ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta antes de iniciar el debate de la ley en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que se discutió la incidencia de la norma en las competencias autonómicas y en la que participaron otros 15 consejeros regionales y el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Para Alonso, "las leyes impuestas y sordas son una barrera infranqueable", además la conocida como ley Wert es una norma que "rompe la igualdad", impide el apoyo para los más desfavorecidos e incluye herramientas "desfasadas" como las reválidas. Se trata de una ley que, apuntó el consejero, "ha roto el consenso de los grupos parlamentarios, de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas. Si no hay rectificación, nos veremos obligados a ir al Constitucional", una decisión que se vendría a sumar a los numerosos asuntos que confrontan a Andalucía con las políticas gubernamentales, caso de la Ley de Costas, de las tasas judiciales o sobre el desarrollo de las energías renovables. Alonso defendió una la apuesta de la Junta por "una educación integradora", añadió.
La postura del resto de consejeros autonómicos respecto a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa -el nombre técnico de este proyecto legislativo- fue en la misma línea. Por Asturias, la consejera Ana González Rodríguez arguyó que el rechazo a la Lomce se cifra en un 90% en la comunidad asturiana y que "no tiene el objetivo de trabajar por la inclusión". El consejero canario , el socialista José Miguel Pérez, también añadió que con esta ley el PP busca "convertir el derecho a la educación en un negocio".
Por su parte, la consejera catalana Irene Rigau señaló que la norma "altera el modelo lingüísrico", de manera que el catalán "deja de ser troncal" mientras que la consejera vasca Cristina Uriarte insistió en que esta ley "carece del consenso político y social" que requiere un proyecto de esta envergadura.
De ahí que pese a que el ministro Wert planteara ayer en respuesta a estas comunidades que se revisaría el calendario de aplicación de la Lomce, Luciano Alonso insistiera en que "no basta con ponerla en marcha de forma escalonada" es "necesario" el "consenso constitucional con la comunidad educativa, con la sociedad en general y con las comunidades autónomas".
Además, criticó Alonso, la aplicación de la ley exigirá un coste financiero que "aún no se ha aclarado ni en cuantía ni en los sujetos que tengan que asumirlo".
Con todo, el consejero andaluz esbozó una leve autocrítica cuando reconoció que la Educación ha sido "la gran maltratada", "quizás por nuestro afán regulador", pero advirtió de que para que una ley educativa sea "efectiva" requiere "de solidez y raigambre en el tiempo".
